El regulador de competencia español ha vuelto a poner el foco sobre Apple y Amazon. Tras la histórica sanción impuesta en 2023 por prácticas anticompetitivas, las autoridades sostienen ahora que ambas compañías tardaron demasiado en cumplir la resolución. Ese retraso —de casi dos años— podría traducirse en nuevas multas millonarias.
El origen del conflicto
La disputa se remonta a octubre de 2018, cuando Apple y Amazon firmaron un acuerdo de distribución que convirtió a Amazon en revendedor autorizado de productos Apple y Beats en España.
El acuerdo:
- Consolidó una tienda oficial de Apple dentro de Amazon.
- Eliminó del marketplace a más del 90 % de los vendedores independientes que comercializaban dispositivos Apple.
- Limitó la visibilidad publicitaria de marcas competidoras cuando los usuarios buscaban productos Apple.
En julio de 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó que el acuerdo reducía ilegalmente la competencia en precios y restringía la visibilidad de otras marcas.
La sanción fue contundente: 194 millones de euros en total, repartidos aproximadamente en:
- 143,6 millones para Apple
- 50,5 millones para Amazon
Además, el regulador ordenó eliminar de inmediato las cláusulas contractuales consideradas restrictivas.
El problema del retraso
Ambas compañías recurrieron la decisión ante la Audiencia Nacional, que suspendió el cobro de la multa mientras revisaba el caso.
Sin embargo, la suspensión no las eximía de modificar de inmediato los contratos.
Según la CNMC, las cláusulas no fueron eliminadas completamente hasta mayo de 2025, casi dos años después de la orden original. Este retraso motivó una nueva investigación por incumplimiento.
El regulador ya ha concluido esa investigación y considera que no actuaron con la rapidez exigida, lo que abre la puerta a una segunda ronda de sanciones, independiente de los 194 millones iniciales.
La respuesta de las compañías
Apple ha manifestado su desacuerdo con la interpretación del regulador, asegurando que siempre ha cumplido con las directrices oficiales. La empresa defiende su modelo de distribución controlada como una medida para:
- Garantizar autenticidad de productos
- Mantener estándares de garantía
- Evitar falsificaciones o mercado gris
Amazon también ha anunciado que recurrirá la decisión, argumentando que excluir injustamente a pequeños y medianos vendedores iría en contra de su propio modelo de negocio.
Una advertencia más amplia para el sector tecnológico
Más allá de la cuantía económica —asumible para empresas de este tamaño— el mensaje regulatorio es claro.
España se suma a una tendencia europea de mayor escrutinio sobre las relaciones entre grandes marcas y plataformas dominantes. Este caso no introduce una nueva teoría de competencia, sino que pone el foco en algo distinto: la velocidad de cumplimiento.
El regulador está dejando claro que no basta con apelar una sanción; las modificaciones ordenadas deben aplicarse sin demora.
En un contexto europeo cada vez más exigente con las grandes tecnológicas, el uso de recursos legales como estrategia para ganar tiempo podría dejar de ser una opción viable.