Se aprovechan de un vacío legal
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos vuelven a estar en el centro de la polémica tras revelarse que compran información privada de ciudadanos a empresas intermediarias de datos. Durante la reciente audiencia anual de amenazas globales del Senado, líderes del FBI y de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) confirmaron esta práctica, que expertos en privacidad consideran una forma de eludir la Constitución.
El uso de datos comerciales bajo escrutinio
El debate se centra en si estas compras incluyen datos altamente sensibles, como la ubicación de los ciudadanos. En 2023, el entonces director del FBI, Christopher Wray, declaró que la agencia había adquirido este tipo de información en el pasado para un proyecto piloto, pero aseguró que ya no lo hacía.
Sin embargo, el actual director del FBI, Kash Patel, evitó comprometerse públicamente a no comprar datos de localización. Ante preguntas del senador Ron Wyden, Patel afirmó que el FBI adquiere “información disponible comercialmente” en cumplimiento de la ley, destacando su valor para generar inteligencia. El director de la DIA, James Adams, confirmó que su agencia también utiliza este tipo de datos.
Wyden interpretó estas declaraciones como una confirmación implícita: según el senador, el FBI sigue comprando datos de ubicación de ciudadanos, aunque la agencia evita reconocerlo de forma directa.
El “vacío legal” de los intermediarios de datos
En el centro de la controversia está el llamado “data broker loophole” (vacío legal de los intermediarios de datos). En 2018, el Tribunal Supremo de EE. UU. amplió la protección de la Cuarta Enmienda para incluir los registros de ubicación recopilados por operadores móviles, lo que obliga al gobierno a obtener una orden judicial para acceder a ellos.
No obstante, si esos mismos datos son recopilados y vendidos por empresas privadas, las agencias pueden comprarlos legalmente sin necesidad de autorización judicial. Este mecanismo permite, en la práctica, sortear las garantías constitucionales.
Wyden calificó esta práctica como una “maniobra escandalosa” para eludir la Cuarta Enmienda, y advirtió que el uso de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos personales agrava aún más los riesgos.
Propuesta de reforma legislativa
Como respuesta, Wyden y un grupo bipartidista han presentado la Government Surveillance Reform Act. Esta iniciativa busca cerrar definitivamente este vacío legal, obligando a las agencias federales a obtener una orden judicial antes de comprar datos a empresas privadas.
Además, la propuesta incluye reformas a la controvertida Sección 702 de la ley FISA, que regula la vigilancia de inteligencia extranjera.
Un problema estructural del mercado de datos
Más allá del debate político, este caso pone de relieve un problema mayor: el enorme y poco regulado mercado de datos personales en EEUU. Dado que la compraventa de esta información es legal, las agencias gubernamentales actúan simplemente como clientes más dentro de un negocio altamente lucrativo.
Hasta que Estados Unidos no implemente una legislación federal de privacidad más estricta, similar al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) europeo, este mercado seguirá siendo un área gris legal y una poderosa herramienta para la vigilancia interna.
Este asunto debe servir de recordatorio para los países latinoamericanos de la importancia de legislar cuanto antes sobre este asunto para proteger la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, no nos debemos hacer muchas ilusiones. En México, la obligatoriedad de registrar su número de teléfono celular y la incapacidad de las empresas de proteger los datos de los usuarios hacen temer lo peor.
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